•Buscan que el Alto Tribunal resuelva a favor de las víctimas indirectas, y esta misma decisión finque un precedente que evite en la reducción de penas en Michoacán y el país.

Morelia, Michoacán; a 18 de septiembre de 2025.-La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae,esto, con el objetivo de impedir que se reduzcan las condenas a quienes cometen feminicidio y establecer un precedente jurídico en el país.

El escrito se presentó en el marco del Amparo Directo en Revisión 4872/2024, relacionado con el caso de Jessica González Villaseñor, en donde la intención es que la Corte considere argumentos técnicos y de derechos humanos bajo la perspectiva de género, así como la protección a las víctimas indirectas, en este tipo de delitos de alto impacto.

De resolverse a favor, la decisión representaría un precedente que impediría la disminución de sentencias en feminicidios y reforzaría la idea de sanciones ejemplares, en donde además, enviaría un mensaje de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, con repercusión directa no solo en Michoacán, sino en todo el país.

Jessica González fue asesinada en septiembre de 2020. El responsable, Diego Urik Mañón Melgoza, recibió inicialmente una condena de 50 años de prisión; sin embargo, un tribunal redujo la pena a 42 años y medio. Ante esa decisión, la familia de la víctima promovió un amparo que resultó desfavorable, lo que dio paso al recurso que actualmente revisa la Suprema Corte.

El documento sostiene que reducir las penas en estos casos constituye un agravio para las víctimas indirectas y vulnera el derecho de acceso a la justicia, en donde también subraya que el feminicidio demanda sanciones proporcionales al daño causado y resoluciones judiciales firmes que envíen un mensaje claro contra la violencia de género.