EMILIANO MEDINA

El presidente electo acude a la entrega de credenciales completamente trajeado, con reloj en la muñeca y corbata azul. Cuenta con un patrimonio estimado en 5.4 millones de dólares de acuerdo con la BBC –aunque ha dicho que su firma, De la Espriella Lawyers, llega a cobrar de 2 a 3 millones por caso–. Es abogado penalista, tiene 47 años y el 7 de agosto se convertirá en el presidente número 43 de la República de Colombia.

Después de agradecer a las autoridades electorales y a sus votantes, Abelardo de la Espriella se regodea en su gesta histórica: “Se trata de un triunfo épico, porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería, y en contra del establecimiento, su dinero y sus medios de comunicación”. Habla de un momento de tensión importante: un estado de crisis ocasionado por su predecesor, Gustavo Petro, que solamente puede resolverse con resultados y con un gabinete intachable. Al tiempo que dibuja al enemigo vencido: “la prensa tradicional, los grupos armados terroristas y aliados del régimen social comunista saliente”. Su discurso es populista; una representación de la sociedad dividida entre vencedores y vencidos, donde el vencedor –el héroe– emana directamente de la soberanía del pueblo.

Cada vez llegan al poder más políticos con estas características –los hay de izquierda y de derecha–; no obstante, estos últimos han recuperado el terreno perdido. Hoy su postura –que tradicionalmente estaba asociada con el statu quo– parece convertirse en una respuesta rebelde, incluso popular. Las figuras que emanan de esta corriente son en su mayoría empresarios exitosos, exmilitares, defensores del libre mercado, profundamente religiosos y protectores de los valores de la familia tradicional. Representan aquello que a finales del siglo pasado un joven consideraría anticuado.

En su discurso no hablan de salario mínimo, de asistencia social o de servicios públicos. “Debemos de hablar de salario máximo, no de mínimo”, ha dicho más de una vez De la Espriella. Sus batallas parecen ser otras: la principal es contra el Estado, por reducirlo, por reemplazarlo.

Como autodenominados portavoces de la iniciativa privada, su promesa es que el mercado ocupe el papel del Estado. Que este se aligere, se desmantele. Mientras los empresarios invierten, exigen que el Estado no estorbe con regulaciones e impuestos y se limite a las labores de defensa y seguridad. Prometen ser outsiders. Ajenos al sistema político: “No podemos dejar la solución en manos del problema”, decía hace no mucho Javier Milei.

No se habla de salario mínimo, educación pública, diversidad o autonomía. Se habla de eficiencia, Estado de Derecho, crecimiento económico y combate al crimen organizado. Lo que antes buscaba concientizar hoy divide. Temas como la diversidad sexual o el cambio climático se resuelven con dogmas, principalmente religiosos.

No sé si el péndulo en América Latina se fue muy a la izquierda. Si los temas de la agenda pública fueron demasiado subversivos o si chocaron con problemas añejos que continuaron inconclusos. Lo que sí sé es que para Colombia fue políticamente más redituable hablar de mano dura que de paz; de salario máximo en lugar de salario mínimo; de ver al Estado como problema y no como camino.

A la espera del fin del proceso en Perú, en América Latina –si se dejan de lado regímenes dictatoriales como Cuba, Nicaragua o Venezuela– solamente México, Uruguay y Brasil continuarán con presidentes de izquierda. Brasil tendrá elecciones en octubre de este año. Con la injerencia de Donald Trump y con un electorado que hoy encuentra atractiva a la derecha, tocará ver qué depararán los siguientes ciclos electorales para América Latina.